Hay un pequeño detalle que muchos responsables políticos locales aún no han terminado de comprender (a diferencia de algunos niveles estatales, algo más atentos): la pandemia no solo fue una crisis sanitaria, sino que dejó al descubierto el verdadero caballo de Troya de la economía europea.
La COVID-19 expuso de forma descarnada la fragilidad del modelo económico y productivo dominante en Europa. Décadas de superglobalización habían construido un sistema aparentemente eficiente, pero extremadamente vulnerable, basado en la deslocalización masiva de la producción y en una dependencia casi total de Asia para bienes estratégicos y cadenas de suministro esenciales.
La pandemia demostró que esa dependencia no era una ventaja competitiva, sino un riesgo sistémico. Bastó una interrupción global para paralizar fábricas, hospitales y mercados enteros. Aquello que se presentaba como optimización resultó ser, en realidad, una pérdida crítica de soberanía económica.
De esa misma certeza ha surgido, sin embargo, una oportunidad. La necesidad de acercar la producción ha abierto un nuevo mapa de posibilidades económicas en regiones más próximas y con mayor afinidad política y logística: el norte de África, Turquía y, de manera muy especial, el sur de Europa. En este contexto, España y Portugal reúnen condiciones especialmente atractivas para convertirse en nuevos polos de producción y distribución.
No es una hipótesis: las grandes empresas europeas ya están revisando sus cadenas de valor y trasladando procesos productivos y logísticos que antes se concentraban en Asia, con el objetivo de reducir riesgos, asegurar suministros y ganar resiliencia. El movimiento está en marcha.
Esta es la verdadera oportunidad para los políticos avispados: anticiparse, facilitar infraestructuras, atraer inversión y posicionar sus territorios en la nueva reorganización industrial europea. España parece haberlo entendido.
La pregunta es inevitable: ¿y Madrid, a qué juega?
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